Relevancia y principales aportes del estudio
La publicación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), Riesgos e impactos del drenaje ácido de roca en los medios de vida de la población rural de la subcuenca del río Quillcay (INAIGEM, 2025), constituye uno de los análisis más completos desarrollados hasta la fecha sobre las implicancias socioeconómicas del drenaje ácido de roca (DAR) en un contexto de desglaciación acelerada en el Perú. No es un logro menor porque en un campo donde el debate sobre glaciares ha estado históricamente dominado por las preguntas sobre cuánta agua queda y cuándo habrá una nueva avalancha o desborde de laguna glaciar, este estudio desplaza la mirada hacia una interrogante que había permanecido en segundo plano —¿qué tan apta es esa agua en contextos de desglaciación? —, y documenta sus consecuencias sobre los medios de vida de quienes dependen de ella.
El estudio parte de una constatación que, aunque no es nueva en términos científicos, no había sido abordada con esta profundidad para el caso peruano: el retroceso glaciar no solo reduce los caudales disponibles, sino que transforma la composición química del agua, al exponer afloramientos rocosos ricos en sulfuros que, al oxidarse, producen flujos ácidos con altas concentraciones de metales pesados. Esta tesis parte de un estudio de caso circunscrito en la subcuenca del río Quillcay, y específicamente en las microcuencas de Quillcayhuanca y Shallap, en donde la evidencia generada por el INAIGEM es fundamental: el pH en ciertos puntos desciende hasta 3,31, el aluminio supera hasta dieciséis veces el límite máximo permisible para consumo humano, el hierro quintuplica el valor normativo y el manganeso lo duplica (INAIGEM, 2025, p. 48). Se trata de condiciones en las que el agua es, funcionalmente, inutilizable para consumo humano y para riego agrícola. Esta evidencia es, en sí misma, uno de los aportes más relevantes del estudio.
Pero el INAIGEM no se queda en la dimensión hidroquímica del DAR. Lo que distingue a este trabajo de estudios anteriores en la subcuenca es la decisión metodológica de articular el análisis de la calidad del agua con una evaluación sistemática de la vulnerabilidad de los medios de vida, siguiendo el modelo de riesgo del IPCC (peligro, exposición, vulnerabilidad). Eso permite identificar no solo dónde está el problema, sino tener una idea de quiénes lo enfrentan, qué recursos tienen para hacerle frente y cuánto podría costar el DAR si no se actúa. Así, en el ámbito priorizado por el estudio —la microcuenca del río Auqui, con cinco centros poblados y 1.128 habitantes directamente expuestos— se concluye que la sensibilidad de la población es alta, la capacidad de respuesta es baja y la capacidad de adaptación también es baja. Esa combinación produce una vulnerabilidad alta (INAIGEM, 2025, p. 78), que no es una retórica de alarma sino el resultado de un índice construido a partir de indicadores precisos: estructuras de edad, acceso a servicios de salud, niveles de instrucción, tenencia de tierra, acceso a crédito, confianza institucional y cobertura de agua potable.
La valoración económica de los impactos es otro de los aportes que merece destacarse. En los últimos diez años, el costo del DAR en los sistemas de provisión de agua —a través de proyectos de inversión pública para cambiar fuentes de captación, adaptar infraestructura y cubrir costos operativos adicionales— asciende a más de 17 millones de soles (INAIGEM, 2025, p. 105). Parte de ese costo no lo pagó el Estado. Las propias comunidades de Coyllur e Ichoca recaudaron entre ellas los recursos para construir, mediante faenas, una línea de conducción de agua desde el sector Llupa, luego de que la Dirección Regional de Salud prohibiera el uso de las aguas del río Auqui por su contenido de metales. Esa historia —la de una comunidad que asume un costo de adaptación que el Estado tardó en reconocer— condensa buena parte de lo que este estudio documenta.
Hay un dato adicional que esta reseña no puede omitir: el río Auqui fue, hasta aproximadamente 2008, la principal fuente de agua para la ciudad de Huaraz. La captación «Coyllur», construida en 1941 con capacidad para 350 litros por segundo, fue progresivamente desplazada hacia el río Paria como consecuencia del deterioro de la calidad del agua. Producir agua desde el río Auqui cuesta hoy un 53% más que desde el Paria, diferencia que se explica por los mayores requerimientos de insumos químicos para el tratamiento de aguas ácidas (INAIGEM, 2025, p. 99). En suma, que una ciudad de más de cien mil habitantes haya tenido que reorganizar su sistema de abastecimiento por el DAR es un hecho que ilustra con claridad la magnitud del problema y que distingue a este proceso de una afectación meramente rural.
Finalmente, el estudio aporta algo que todavía es poco frecuente en la investigación sobre desglaciación en el Perú: la voz de las propias comunidades como evidencia analítica. Los testimonios recogidos en campo no son decorativos; expresan procesos concretos. Los agricultores reportan disminución del crecimiento de sus cultivos, mayor incidencia de enfermedades en las plantas y reducción de cosechas; los ganaderos describen animales que crecen lento o enferman con más frecuencia; los pobladores de mayor edad recuerdan haber visto truchas en el río Auqui hace cincuenta años. Esa pérdida —que no aparece en ningún indicador económico— es real, y el estudio la documenta con seriedad.
Algunas limitaciones a considerar
Pese a sus fortalezas, el estudio presenta limitaciones que conviene señalar con precisión para quienes busquen usarlo como base para política pública o investigación futura. Entre estas, pueden resaltarse cuatro.
La primera tiene que ver con la distinción entre impacto ya realizado y riesgo potencial, que el documento no siempre sostiene con suficiente claridad. En el resumen ejecutivo, por ejemplo, se presentan juntos la infraestructura de riego valorizada en 23,6 millones de soles y la producción agropecuaria en 3 millones como si fueran pérdidas equivalentes a los 17 millones ya documentados en agua potable. No lo son: los primeros son valores en riesgo —lo que podría perderse si el DAR se agrava sin medidas de mitigación—, mientras que el segundo es el costo de impactos que ya ocurrieron y que exigieron inversión pública y comunitaria efectiva. En investigación sobre impactos climáticos, esa distinción no es un mero tecnicismo en tanto define si estamos hablando de daños o de exposición, y de esa diferencia dependen los instrumentos de respuesta pertinentes.
La segunda limitación está en los resultados de suelos y cultivos, que el estudio presenta con más alarma de la que los propios datos sostienen. En cuanto a los suelos, el análisis concluye explícitamente que no hay un impacto verificable del DAR sobre los suelos analizados según la normativa nacional peruana (INAIGEM, 2025, p. 84); la presencia de arsénico detectada en varias muestras parece asociada al uso de agroquímicos o a condiciones geológicas del área, mas no directamente al DAR. En cuanto a los cultivos, los resultados son heterogéneos: la papa y la zanahoria se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles internacionales para cadmio y plomo; solo una muestra de cebolla china supera esos límites, mientras que la otra no los supera, pero presenta concentraciones detectables. Frente a esto, el estudio mismo señala que se requieren ensayos en condiciones controladas para establecer con mayor precisión la relación entre riego con aguas contaminadas y acumulación de metales en los cultivos (INAIGEM, 2025, p. 89). Los resultados de leche son aún más matizados: no se detectaron arsénico, cadmio, mercurio ni plomo en ninguna de las tres muestras analizadas. Ninguna de estas conclusiones invalida la preocupación sobre el DAR —los riesgos son reales y la evidencia hidroquímica es clara—, pero sí señala que la cadena de transferencia de metales del agua al suelo, al cultivo y al alimento no está todavía documentada con la solidez suficiente como para sostener afirmaciones generalizadas sobre contaminación alimentaria en la zona.
La tercera limitación es la más estructural, y tiene que ver con el marco analítico del estudio. El modelo IPCC que el INAIGEM utiliza —peligro, exposición, vulnerabilidad— es apropiado y bien aplicado, pero produce una lectura que tiende a ser más sectorial que sistémica. En efecto, la cadena de impactos que el estudio construye es esencialmente lineal: retroceso glaciar → generación de DAR → contaminación del agua → afectación de medios de vida.
Lo que ese modelo no capta es algo que la literatura sobre riesgos en cascada ha documentado con precisión: los impactos del retroceso glaciar no se suceden uno tras otro de manera ordenada, sino que interactúan, se retroalimentan y generan nuevas formas de exposición que pueden ser más graves que el evento original. En el caso de Quillcay hay un ejemplo particularmente elocuente de ese mecanismo. La ciudad de Huaraz dejó de usar el río Auqui como fuente principal de agua —un río que hasta 2008 abastecía a toda la ciudad— no como resultado de una catástrofe súbita, sino de un deterioro progresivo que durante años no fue reconocido como riesgo climático ni gestionado como tal. Ese momento de abandono es lo que Pescaroli y Alexander (2018, 2019) llamarían un punto de escalación: el instante en que un impacto secundario supera en magnitud al evento que lo desencadenó y reorganiza las condiciones de vulnerabilidad de todo el sistema. Algo similar ocurre con las decisiones de inversión pública en la infraestructura de riego: el canal Shallap-Huapish-Toclla, construido durante más de cuatro décadas con más de 20 millones de soles, capta agua de una fuente afectada por el DAR sin que ninguno de sus proyectos haya considerado ese riesgo. Al respecto, autores como Lawrence et al (2020) llaman a esto «legacy effects of decisions»: decisiones tomadas sin considerar las interdependencias del sistema que generan dependencias futuras imposibles de revertir sin que los costos sean muy altos.
Esta limitación conceptual se conecta con otra ausencia relevante: la escasa profundización en las dimensiones diferenciadas de vulnerabilidad. El estudio identifica brechas de género como indicador de capacidad de respuesta —un gesto metodológico importante— y documenta que el 74% de la población en edad de trabajar en el ámbito rural son mujeres, mientras que el 73% de la población económicamente activa son hombres (INAIGEM, 2025, p. 69). Esos datos apuntan hacia algo significativo: las mujeres cargan con una parte sustancial del trabajo no remunerado de cuidado del agua, el suelo y los animales, y son al mismo tiempo las más excluidas del acceso a crédito, asistencia técnica e instancias de toma de decisiones. Sin embargo, el análisis no desarrolla de manera sistemática cómo esa desigualdad condiciona las capacidades de adaptación frente al DAR ni qué implicancias tiene para el diseño de las respuestas.
Finalmente, el diagnóstico institucional del estudio es uno de sus hallazgos más contundentes, pero también el menos desarrollado analíticamente: el 81% de los encuestados no confía en las entidades públicas vinculadas a la gestión del riesgo climático o directamente no las reconoce (INAIGEM, 2025, p. 62). Además, no existen planes, programas ni presupuesto local destinado específicamente a la gestión del riesgo por DAR, siendo esa ausencia un campo de análisis relevante para comprender cómo funciona la gobernanza en la cuenca estudiada. En ese escenario, las respuestas técnicas disponibles —incluyendo la biorremediación— difícilmente pueden sostenerse en el tiempo. Las experiencias de remediación comunitaria documentadas en la cuenca del río Santa por Drenkhan (2025) son ilustrativas al respecto: el humedal implementado en la Comunidad Cordillera Blanca de Canrey Chico registra apenas una variación de pH de 3,5 en el influente a 3,6 en el efluente, sin medición de remoción de metales, y la gobernanza fragmentada del agua limita la sostenibilidad de estas intervenciones. El propio INAIGEM reconoce que el sistema de biorremediación implementado en el canal Shallap dejó de operar por problemas organizativos entre los usuarios durante la pandemia —no porque la tecnología fallara, sino porque la estructura institucional que debía sostenerlo no tenía la solidez suficiente. El estudio, sin embargo, no extrae de esa constatación sus implicancias más difíciles: que en un contexto de desconfianza institucional generalizada y gobernanza fragmentada, las soluciones técnicas localizadas tienen un margen de sostenibilidad muy estrecho independientemente de su pertinencia técnica, y que las percepciones y experiencias locales configuran un campo político que condiciona el funcionamiento de la gobernanza, en tanto expresan o condensan la manera en que las comunidades imaginan e interactúan con el Estado y con otros actores.
Más allá de las limitaciones
Las observaciones anteriores no restan valor al estudio. Solamente señalan los bordes de un análisis que, por su alcance y profundidad, constituye un punto de referencia obligatorio para cualquier investigación futura sobre DAR en los Andes peruanos. Su contribución central es haber colocado este proceso —persistente, acumulativo, geográficamente localizado pero con efectos que llegan hasta la ciudad de Huaraz— en la agenda de la investigación y la política pública, con evidencia sólida y con una aproximación metodológica que integra dimensiones hidroquímicas, sociales y económicas de manera coherente.
El retroceso glaciar no solo reduce reservas hídricas ni incrementa peligros físicos. También transforma progresivamente la calidad del agua y reorganiza las vulnerabilidades de los territorios de montaña de maneras que no son visibles desde un enfoque centrado en la cantidad. El DAR es una de las manifestaciones más persistentes de esa transformación: opera en silencio, se acumula en el tiempo y sus impactos se extienden aguas abajo sobre ecosistemas, infraestructura, actividades productivas y sistemas de abastecimiento. En un contexto donde el Perú concentra la mayor superficie glaciar tropical del mundo y ha perdido el 56% de ella en seis décadas, avanzar hacia marcos que articulen ciencia, gobernanza del agua y gestión territorial resulta indispensable. Este estudio del INAIGEM es un paso importante en esa dirección. El siguiente debería ser comprender cómo los impactos se encadenan entre sí, quién los enfrenta con menos recursos y qué condiciones institucionales permiten que las respuestas tengan alguna posibilidad de perdurar.
Referencias bibliográficas
Alexander, D., & Pescaroli, G. (2019). What are cascading disasters? UCL Open: Environment, 1(1), 03. https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000003
Pescaroli, G., & Alexander, D. (2018). Understanding compound, interconnected, interacting, and cascading risks: A holistic framework. Risk Analysis, 38(11), 2245–2257. https://doi.org/10.1111/risa.13128
Cerdán Estrada, E., Ramos Parado, K., Dextre Minaya, R. M., & Cárdenas Tito, R. (2025). Riesgos e impactos del drenaje ácido de roca en los medios de vida de la población rural de la subcuenca del río Quillcay. Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).
Drenkhan, F., Castro, S., Leyva, M., Salmón, G., Figueres, L., & Herrera, E. (2025). NexGLAS: The glacier-water-health nexus in the deglaciating Andes of Peru. Adaptive responses to improve water security in the context of acid rock drainage. Stakeholder report 2025. Pontificia Universidad Católica del Perú / Universidad Peruana Cayetano Heredia / GEO Mountains.
Lawrence, J., Blackett, P., & Cradock-Henry, N. A. (2020). Cascading climate change impacts and implications. Climate Risk Management, 29, 100234. https://doi.org/10.1016/j.crm.2020.100234